Ilustró rrrojo
Por Gustavo Grabia
La causa contra la barra oficial del Rojo es un partido de
truco: la Justicia no pudo probar el delito, liberó a los 32 detenidos y abrió
un investigación sobre la Policía.
El fiscal Lorenzo Latorre leyó el sumario policial y abrió
grande los ojos. Es que algunas de las cosas escritas en el acta de detención
le resultaban llamativas. La primera, que no agarraron a ninguno de los 32
barras detenidos de la facción de Loquillo con arma en mano. Según consta en el
acta, los tres revólveres y las facas estaban en el piso, al lado de una
escalera, mientras los violentos se ubicaban un piso arriba. Y los testigos
civiles del procedimiento, entraron cuando el hallazgo ya se había producido.
Después siguió recabando información. Las armas habían sido
manipuladas sin el debido cuidado, por lo cual la posibilidad de hallar huellas
estaba contaminada. La causa, que había empezado como portación de arma de
guerra, comenzaba a desinflarse. No le podía imputar ese delito a ninguno de
los apresados, ya que nadie se hacía cargo de esos elementos, y la chance
dactilar para descubrirlos, estaba abortada. A eso se sumó que el jefe de la
Comisaría Primera de Avellaneda reconoció que todo empezó porque recibió un
llamado anónimo diciéndole lo que iba a pasar y dónde estaban reunidos los barras
de Loquillo. La versión oficial es diferente a la que públicamente se había
ofrecido sobre que el operativo comenzó cuando dos efectivos divisaron a varios
barras en actitud sospechosa y uno de ellos estaba armado.
Así las cosas, al fiscal no le quedó otra opción que liberar
a los 32 violentos del Rojo, presos desde la tarde del viernes. ¿Esto significa
que eran nenes de pecho? No, de hecho dos tienen antecedentes delictivos
pesados, pero en este caso, para dejarlos adentro, debía tener pruebas contundentes.
Y la difusa acción policial no se las entregó. A tal punto que el titular de la
UFI 4 de Lomas de Zamora mantiene la causa contra los barras, pero también
abrió una paralela para investigar a los policías que intervinieron, por la
posible comisión del delito de acción pública. Por el bien de todos, ojalá sea
sólo un trámite de rigor e infundado.
“La decisión del fiscal prueba lo que mi cliente (por
Loquillo) venía denunciando: que todo fue armado por gente infiel a la fuerza
para favorecer a Bebote, con quienes tendría un pacto espurio”, dijo Rodrigo
González, el abogado de los barras.
Eso, claro, deberá probarlo. Y habrá que ver si
Independiente incluye a estos 32 barras en la lista del derecho de admisión, ya
que ninguno la integra en la actualidad. Como se ve, todo quedó en la nada. Y
otra vez, perdió el fútbol.
Fuente Olé
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