Una presentación de la diputada Graciela Ocaña a la jueza
detalló contratos entre la Jefatura de Gabinete kirchnerista y firmas de
Alejandro Burzaco.
Los “pagos irregulares” que recibió AFA de una empresa
acusada
Por Federico Fahsbender
Abal Medina, Capitanich y Fernández, los jefes de Gabinete
K: negocios con Burzaco, la clave del FIFA Gate.
María Romilda Servini lo tiene alto en su lista de
prioridades.
A la misión de la FIFA que la visitará a comienzos de la semana
próxima en su despacho en Comodoro Py, la jueza federal le preguntará por el
FIFA Gate, el megaescándalo de corrupción que hundió a la mayor jerarquía del
fútbol mundial y que llevó a la cárcel a argentinos como Alejandro Burzaco y
Hugo y Mariano Jinkis, y por su mayor punto de interés al respecto: los posibles
vínculos entre el FIFA Gate y los millones que la Jefatura de Gabinete
kirchnerista a cargo de Juan Abal Medina, Jorge Capitanich y Aníbal Fernández
vertió desde 2009 a 2015 en el sistema del fútbol con la AFA como foco
principal.
Como publicó Infobae ayer por la tarde, el problema se
amplía para la jueza. La sospecha no solo está en el dinero que debía llegar a
los clubes desde la Jefatura de Gabinete vía la AFA por los derechos de
televisación de los torneos locales en el marco del Fútbol para Todos, sino en
los millones que la Jefatura desembolsó en sus contratos con la rama
internacional de Torneos y Competencias con Burzaco a la cabeza, para
asegurarse los derechos de transmisión del Mundial y la Copa América entre
otros certámenes para la TV Pública.
La hipótesis es una: investigar si el
dinero público para el fútbol terminó en el caudal de coimas para empresarios
deportivos y capos de federaciones.
El posible vínculo entre ambos esquemas no es una novedad
para Servini, sino una pista mantenida en stand by.
En agosto del año pasado,
una denuncia de 12 fojas presentada en el Juzgado Federal Nº1 por la diputada
Graciela Ocaña, la denunciante original que motivó la causa del Fútbol para
Todos, le indicó a la jueza la dimensión del esquema. La resolución 186/2011 de
AFSCA, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación, en ese entonces bajo
Gabriel Mariotto, hoy procesado en la causa del Fútbol para Todos, fue una
suerte de puerta de entrada: determinó que ciertos eventos deportivos de
interés general debían ser transmitidos por televisión abierta, entre ellos, el
Mundial y sus eliminatorias, con derechos a cargo de la FIFA y también la Copa
América, bajo Conmebol.
Así, llegó el primer paso: el 24 de febrero de 2011, la
Jefatura de Gabinete celebró con la firma de Aníbal Fernández un "contrato
de sublicencia", según narró Ocaña en su denuncia, con TyC International
BV, con domicilio en Holanda y representada por Alejandro Burzaco. El acuerdo
cubrió los derechos para la Copa América 2011: TyC International era la firma
que los controlaba, al menos nominalmente. El pago vino un mes después; una
resolución interna de la Jefatura aprobó el gasto de 3.2 millones de dólares.
El acuerdo fue el primero de muchos con TyC International,
todos ellos a precio dólar, continuó Ocaña: 8.6 millones por los derechos de la
Copa América 2015 y el Sub 20 sudamericano de 2013, 19 millones por el Mundial
2014 y el Mundial Sub 20 de 2013 y, finalmente, 1.8 millones por la Supercopa
2011-2012.
La denuncia de Ocaña no es el único lugar donde consta el
comercio entre Jefatura de Gabinete y TyC International. El informe de la
Auditoría General de la Nación sobre los gastos del Fútbol para Todos desde
2009 a 2012 registra el movimiento de dinero hacia la firma representada por Burzaco.
En 2012, según informó la Jefatura a la AGN, TyC
International recibió 69 millones de pesos estatales. No se informó un pago
para el ejercicio 2011, por ejemplo. El dinero, de acuerdo a la información que
recibió el organismo liderado por el radical Leandro Despouy, fue para la
sublicencia de 15 partidos de Copa América de 2015, así como el Sudamericano
Sub 20 y el Mundial FIFA 2014.
Evidentemente, algo falta. Quizás sea una
cuestión de rúbrica. Por partidos locales, Torneos y Competencias en su rama local
recibió más de 54 millones de pesos entre 2011 y 2012.
En 2013, el mapa cambió: TyC International se unió a Hugo
Mariano Jinkis, cabezas de Full Play, para crear la firma Datisa, con domicilio
en Montevideo. Así, Burzaco y los Jinkis buscaban dar un golpe de fuerza para
tomar el mercado. Datisa celebró, por ejemplo, un nuevo acuerdo con Conmebol
para los derechos de Copa América desde 2015 por 317 milliones de dólares. En
su investigación, para con Datisa, el Departamento de Justicia fue lapidario: los
acusó de pagar 110 millones de dólares en sobornos. Julio Grondona fue acusado
de llevarse 3 millones como oficial de Conmebol. Hoy, Datisa es el foco
principal de las sospechas de la jueza Servini.
El tercer hombre
En la composición societaria de Datisa, hubo un tercer
jugador de poder, quizá el más importante de todos en el mapa general: Traffic
Sports International, presidida por el brasileño José Hawilla, y la verdadera
dueña de los derechos de Copa América provenientes de Conmebol, que TyC International
sublicenciaba para vendérselos a la Jefatura de Gabinete. El FBI y el Justice
Department acusaron con dureza a Traffic Sports como una presunta alta
responsable en el esquema de coimas. Ocaña, por su parte, fue a pedir
explicaciones al respecto, no a Nueva York, sino a Viamonte 1366.
Con Julio Grondona ya muerto, Ocaña recibió de parte del
presidente de la AFA Luis Segura un detalle de los ingresos por participación
en Copa América con Traffic Sports, pagos de la firma a la Asociación de Fútbol
Argentino en casi una veintena de fojas que la diputada luego entregó a
Servini. Ocaña encontró, por contratos por Copa América, dos vías de ingreso
monetario: la Confederación Sudamericana de Fútbol entre otros organismos del
deporte y Traffic Sports misma.
En total, de la empresa de José Hawilla, la AFA recibió 8.2
millones de dólares desde 2004 a 2011, algo que Ocaña consideró irregular en su
denuncia y que la propia documentación no podía justificar satisfactoriamente,
un dato que publicó previamente La Nación.
Hubo, también, otros 4 millones de
dólares sospechosos de parte de la Confederación Sudamericana para la Copa
América 2011.
Es decir, ¿por qué el dinero volvía de Traffic, la dueña madre de
los derechos de Copa América en rubros como genéricos como "costos de
viaje" y "hospedaje" en los libros contables? ¿Por qué tenía que
recibir la AFA esta pequeña fortuna en un primer lugar? Para Ocaña, esto podía
ser una posible vía de retorno para el FIFA Gate.
Hawilla, de cara a la
investigación del FBI en su contra, se convirtió en un arrepentido y colaboró
con el expediente.
Servini, por su parte, ya le hizo saber su sospecha al
Juzgado de Primera Instancia del East District de New York en donde recayó el
FIFA Gate. Lo hizo en un exhorto enviado en septiembre pasado, en donde
anotició a la Justicia americana del estado de la causa Fútbol para Todos y
razonó, dadas las imputaciones a Alejandro Burzaco, que la relación
multidimensional entre Torneos y Competencias y el Estado, representado por la
Jefatura de Gabinete, puede tener su parte en el escándalo del FIFA Gate.
La
Justicia estadounidense acusó el recibo, sin remitir información. Es una carta
que a la jueza le queda por jugar.
Fuente Play Fútbol
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