El Gobierno se hará cargo de la gestión de los operativos
para que los clubes no negocien con las comisarías el número de efectivos
destinado a las canchas; admisión más estricta
Por Alejandro Casar González
Foto: Archivo
La orden bajó de la Casa Rosada sin escalas. El Gobierno
quiere combatir la violencia en el fútbol. Es un tema central en la agenda de
Mauricio Macri. Su primer paso en esta dirección fue reunirse con los clubes y
confirmarles lo que querían oír: la gestión de los operativos policiales será
responsabilidad del Estado, que también se encargará de unificar los registros
de derechos de admisión y hará públicos los nombres de quienes estén impedidos
de ir a la cancha. Además, el Poder Ejecutivo se comprometió a "ser
socios" con los clubes en el dinero destinado a la seguridad.
"Nos vamos a hacer cargo de la gestión de los
operativos", confirmaron ayer desde Balcarce 50. En la práctica, esto
implica que los clubes ya no tendrán que negociar más con las comisarías o los
comités de seguridad locales para saber cuántos efectivos tendrán que pagar. Ya
no habrá más regateo ni amenazas con no jugar un partido porque no está el
dinero para pagar los efectivos policiales. "Vamos a ser mucho más
eficientes con los gastos. Y hablaremos nosotros con la policía. Todo queda en
el Estado", contó la fuente.
Según pudo reconstruir LA NACION, el Gobierno negocia con
los clubes cómo se financiarán los operativos policiales. Sólo en Capital
Federal, el gasto en seguridad implicó un gasto de $200 millones durante 2015.
De esa cifra, $40 millones (el 20%) corresponden a los efectivos adicionales.
En principio, el Gobierno avisó que se hará cargo de este rubro en todos los
operativos. La AFA y los clubes pretenden que la ayuda estatal aumente. Ese es
un número que todavía no está cerrado: puede incrementarse en las próximas
reuniones. Algo está claro: si los clubes tienen que abonar una parte de los
dispositivos de seguridad, el dinero saldrá del cánon mensual que reciben del
Fútbol Para Todos.
Otro tema fundamental es el derecho de admisión. Por más que
los clubes pretendan que el Estado se encargue de poner a los violentos en ese
registro, la potestad de hacerlo seguirá siendo de las instituciones. "Es
intransferible y no pueden no hacerse cargo de eso", asegura un conocedor
del asunto. El derecho de admisión está consagrado por el artículo 4º de la ley
26.370 y dice que el titular del evento "se reserva la atribución de
admitir o excluir a terceros de dichos lugares". De todas maneras, a
partir de ahora el Gobierno se comprometió a colaborar con su aplicación. Y,
según comentaron desde el ministerio de Seguridad, "brindará los medios
necesarios para poder implementarlo". Una posibilidad es la creación de un
sistema parecido al malogrado AFA Plus, aunque sin la necesidad de empadronar a
los hinchas. Podrían usarse las bases de datos que ya están en funcionamiento,
como las del Registro Nacional de las Personas (Renaper). Bastará con adecuar
los lectores biométricos ya disponibles en muchas canchas para poder
identificar a quienes acuden a los estadios.
Un comunicado del Ministerio de Seguridad aportó ayer otra
novedad: la creación del Registro Nacional de Personas con derecho de admisión
en espectáculos futbolísticos. Además, la cartera que dirige Patricia Bullrich
precisó que el registro contendrá: nombre y apellido de la persona, DNI, nombre
del club que lo agregó al listado y los motivos por los que la medida fue
impuesta. "Les pedimos por carta documento a los clubes quiénes son los
hinchas con derecho de admisión. El registro se va a publicar y vamos a
colaborar con el club para que esa gente no entre", contó Guillermo
Madero, el hombre designado por Bullrich para la seguridad en las canchas.
La colaboración del Gobierno en los operativos de seguridad
(sobre todo, en lo que se refiere al gasto que implican) es un viejo anhelo de
los clubes que data de la implementación del Fútbol Para Todos, en agosto de
2009. En aquel momento, la AFA se había comprometido a absorber el costo de los
dispositivos de seguridad, para alivianar la carga de sus afiliados. El
compromiso se efectivizó durante algo más de un semestre. Por más que a partir
de 2010 se sucedieron los reclamos, los clubes debieron hacerse cargo una y otra
vez de pagarles a los policías. Y más de un partido corrió serio riesgo de
suspensión porque los equipos no llegaban a juntar el dinero necesario. Ese
viejo reclamo, parece, tendrá solución a partir de ahora.
Fuente Cancha Llena
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