La citación, también incluirá a Gabriel Mariotto, Pablo
Paladino y Alejandro Burzaco. Además, el fiscal solicitará para todos ellos la
inhibición de bienes y la prohibición de salir del país.
Humberto Grondona contra Burzaco: “Además de ser mentiroso,
es el más pillo de todos”
El fiscal federal Gerardo Pollicita pedirá este viernes la
citación a declaración indagatoria, inhibición de bienes y prohibición de
salida del país de los ex jefes de Gabinete del kirchnerismo Aníbal Fernández y
Juan Manuel Abal Medina; los ex coordinadores de Fútbol para Todos Gabriel
Mariotto y Pablo Paladino, y del empresario Alejandro Burzaco por el supuesto
pago de sobornos para la adquisición de derechos televisivos del fútbol a
miembros de la Commebol para luego venderlos al Estado Nacional a “precios
irrisorios”.
En el dictamen que a primera hora de mañana entregará al
juez federal Daniel Rafecas, Pollicita aludió a la “existencia de una maniobra
delictiva llevada adelante en el marco de las contrataciones entre funcionarios
del Estado Nacional y la empresa ’Torneos y Competencias SA” para ocho torneos
entre 2011 y 2013 por un total de 33.050.000 dólares que el Estado Nacional
“fue abusivamente obligado” a pagar, según el escrito al que accedió Télam.
El fiscal ya firmó su dictamen pero llegará recién mañana al
juzgado de Rafecas porque hoy no hay actividad en tribunales debido al asueto
por el día del empleado del Poder Judicial.
El pedido de Pollicita se conoce después de las
declaraciones, ante la Fiscalía de Nueva York, de Burzaco -ex CEO de Torneos y
Competencias- quien reveló ayer ante la justicia que su empresa, la brasileña
Globo y la mexicana Televisa acordaron “repartir la carga” para pagarle a Julio
Grondona, el extinto presidente de la AFA, una coima de 15 millones de dólares
para obtener los derechos televisivos de los mundiales 2026 y 2030. “Puede
afirmarse, con el grado de certeza requerida en esta etapa, que las contrataciones
llevadas a cabo por el Estado Nacional resultaron arbitrarias en tanto por un
lado excedieron los objetivos del Programa Fútbol para Todos y de la normativa
que fundó las mismas y por otro, se violó normativa específica que regulaba el
modo de contratación”, advirtió el fiscal Pollicita.
Además, se sostuvo que el Estado Nacional “se desprendió de
cuantiosas sumas de dinero a los fines de adquirir los derechos televisivos
detallados por un precio superior al de su valor de mercado”.
Los entonces jefe de Gabinete Fernández y Abal Medina
“obligaron al Estado Nacional a adquirir en forma antojadiza los derechos en
cuestión, excediendo claramente la normativa en la que fundaron su obtención”.
El fiscal se basó en una denuncia presentada por la Procelac
luego de que saliera a la luz el escándalo internacional del “Fifagate”
referido a la venta de derechos de televisión, marketing y publicidad al Estado
Nacional “en forma ilegal obteniendo así ganancias exorbitantes, todo ello en
claro detrimento del patrimonio público”.
Para Pollicita, los ex funcionarios “obligaron al Estado
Nacional en forma abusiva a los fines de adquirir derechos de televisación de
diversos torneos de fútbol y, a su vez, abonaron por los mismos sumas que
exceden ampliamente su precio de mercado”.
La fiscalía advirtió además sobre el “rol preponderante” que
tuvieron en la maniobra los directivos de TyC Burzaco, Juan Manuel Ripoll,
Leonardo Ellemberg y Alberto Pomato, todos con pedido de indagatoria.
En el marco del programa Fútbol para Todos, entre el 24 de
febrero de 2011 y el 27 de diciembre de 2012, “las autoridades del mismo y de
la Jefatura de Gabinete de Ministros obligaron al Estado en forma abusiva a
través de diversas adquisiciones de derechos televisivos de eventos vinculados
a la selección nacional de fútbol a la empresa Torneos y Competencias S.A. y a
otras empresas relacionadas a dicha sociedad”, según describió en el
dictamen.Para ello el Estado habría pagado sobreprecios en la compra de los
derechos televisivos.
Pollicita pedirá a Rafecas que ordene 19 declaraciones
indagatorias, entre ellas las de los ex funcionarios y empresarios mencionados,
además de dictarles la inhibición de bienes y prohibirles la salida del país.
Fuente Diario Popular
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