Por Germán García Adrasti
Su abogado, Daniel Llermanos, apeló a la teoría del Lawfare,
y cuestionó varias pruebas.
A través de su abogado, Daniel Llermanos, Pablo Moyano pidió
la nulidad de la investigación por supuesto fraude en el Club Atlético
Independiente, con una nueva solicitud para que el fiscal Sebastián Scalera sea
apartado de la causa. En un puntilloso escrito, Llermanos también cuestiona la
validez de los testimonios de varios arrepentidos, y otras pruebas incorporadas
al expediente.
El letrado potenció su nuevo reclamo con la supuesta teoría
del Lawfare, a la que apelan todos los ex funcionarios y simpatizantes
kirchneristas acusados por corrupción.
La nueva carga contra el fiscal Scalera se argumenta en un
“temor de parcialidad por falta de objetividad manifiesta”, lo que para
Llermanos dispara una automática nulidad por “vulneración de las Garantías Constitucionales
de Defensa en Juicio”.
Entre los hechos que explican la desconfianza en la
imparcialidad de Scalera, el escrito cita el testimonio de Facundo Melo,
abogado del barra “arrepentido” Damián Lagaronne, quien según la denuncia dijo
haber trabajado para la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), donde le habrían
pedido que direccionara la causa contra Hugo y Pablo Moyano, “ya que era
interés del Presidente de la Nación”.
Scalera habría presionado a Lagaronne para que señalara
supuestos lugares de reunión con Moyano y otros datos, “dejando en claro que no
le interesaba que sean reales o no”. A cambio, el fiscal le otorgaría la
prisión domiciliaria. Llermanos afirma que ese fue un límite que Melo no estuvo
dispuesto a cruzar, y por eso abandonó la defensa del barrabrava.
Su sucesor, Víctor Hortel -ex titular del Servicio
Penitenciario Federal con el kirchnerismo- desanduvo el camino de la confesión
de Lagaronne, quien escribió una carta manuscrita contando detalles de la
supuesta extorsión del fiscal Scalera. Pero no es todo: luego, el barra negó su
propia carta y la interpretación de Hortel.
Llermanos enumera otros supuestos “aprietes” contra el
barrabrava Carlos Zambrana y contra el juez de Garantías de Avellaneda Luis
Carzoglio, en este caso por parte de agentes de la AFI y del Procurador Julio
Conte Grand.
Luego, engarza el raid de supuestas presiones al ex jefe de la
barra brava de Independiente, Pablo “Bebote” Alvarez, cuyo testimonio como
imputado colaborador en la causa es uno de los principales en contra de los
Moyano.
“En pocas causas -quizás en ninguna- se hayan vulnerado
tantas garantías procesales. Como si fuera poco, se violaron también todos los
protocolos en materia de pericias informáticas”, apunta también el doctor
Llermanos en su acusación. Esas supuestas irregularidades serían la falta de
una cadena de custodia de las pruebas recogidas en los allanamientos, y
objeciones en los sellados.
“Es imposible asegurar que el material encontrado
sea exactamente el mismo que se secuestró”, concluye.
En la misma línea, el abogado de Pablo Moyano cuestiona por
supuestos defectos formales las pericias informáticas sobre computadoras,
pendrives y archivos secuestrados en Independiente, el sindicato de Camioneros
y otros sitios allanados.
Para el cierre, Llermanos enmarca todas las supuestas
irregularidades en una confabulación del Ejecutivo, algunos legisladores,
periodistas y funcionarios de la Justicia para perjudicar a los Moyano. “Pocas
veces una “Guerra Judicial” (Lawfare) fue tan publicitada”, redondea el abogado
en su texto. ■
Pocas veces una “guerra judicial” (Lawfare) fue tan
publicitada como en este expediente.
Fuente Clarín
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