El Gobierno anunciará hoy un nuevo sistema tecnológico de
ingreso en los estadios para luchar contra la violencia en las canchas; como
modelo regional se mira a Brasil, donde se bajó el número de incidentes desde
medidas políticas concretas. Por Carlos Beer
30 de Julio de 2012 - 02:32
Una de las veces en las que Julio Grondona, titular de la
AFA, estuvo reunido con la presidenta Cristina Kirchner - Archivo
Pasan los años, se habla demasiado de la violencia en el
fútbol, pero se hace poco. O nada. Hoy, a sólo cuatro días del comienzo del
torneo Inicial, algo pasará: en un acto en la Casa de Gobierno, la presidenta
Cristina Kirchner y dirigentes del fútbol anunciarán un nuevo sistema de
ingreso en las canchas. Uno de los oradores centrales será Florencio Randazzo,
ministro del Interior y Transporte, padre del nuevo proyecto: la compra de 1000
maletines que, en su interior, tienen aparatos que toman las huellas digitales
para identificar a los que hayan cometido incidentes en los estadios. Si bien
el sistema es de complejo uso y adecuación, se pretende utilizarlo cuanto
antes, probablemente en las primeras fechas de este mismo certamen.
Así se dará un golpe de efecto en la dirección que siguió la
mayoría de los países del mundo en la materia: la participación activa del
Estado. "El Estado debe afrontar este problema con una clara política
pública." El autor de la frase es el brasileño Paulo Castilho, el director
del departamento de la defensa de los derechos del torcedor, que estuvo
recientemente en nuestro país, en el Congreso en la III Jornada Internacional
de Debate, Fútbol y Sociedad. "Hemos reducido los problemas a cero",
afirma optimista Castilho, oriundo de San Pablo, que comenzó a trabajar con
éxito en la ciudad más poblada del continente y luego su labor fue imitada en
todo el país vecino. Colegas brasileños han confirmado el éxito de su plan y
que, en los estadios y sus adyacencias, casi no hay incidentes. Entonces, nace
la pregunta: ¿qué realizó Brasil para bajar la violencia y qué cosas se pueden
aplicar en nuestro medio? Veamos:
1. "Una de las primeras cosas que hicimos fue censar a
las torcidas y organizarlas. Me reuní con los líderes para conocerlos, orientarlos
y controlarlos. Trabajamos siempre con el foco en la prevención", dijo
Castilho, designado por la Procuraduría General de Justicia de San Pablo en
2006. En cierta forma, acá se intentó realizar lo mismo con Hinchadas Unidas
Argentinas, pero el eje era muy distinto: se buscaban ventajas para los barras
en lugar de trabajar en la prevención, tal como hizo énfasis Brasil.
Igualmente hay una diferencia, según marca Castilho:
"La Constitución de Brasil reconoce el derecho de las personas para asociarse;
por lo tanto, las torcidas organizadas son mecanismos legales. Por eso, como
Estado, les ordenamos que se constituyan bajo los reglamentos exigidos. Caso
contrario, estamos frente a una cuadrilla". La diputada Cornelia Schmidt,
organizadora del citado Congreso, afirmó: "Como se demostró en Gran
Bretaña, España, Alemania y la más cercana de Brasil, la lucha contra la
violencia en el fútbol debe tomarse como política de Estado para reglamentar y
controlar la estructura sobre la que se monta este deporte".
2. Por ley, se redujo al 5% la presencia de la hinchada
visitante. Tal limitación se realiza en las principales ligas del mundo. En la
Argentina, se procedió a la prohibición del público visitante en el ascenso,
situación modificada de forma oportunista con el descenso de River. No está
estipulado bajo reglamentación de la AFA qué capacidad se le debe dar a cada
parcialidad visitante según cada categoría.
3. En Brasil se creó el Estatuto del Torcedor, con penas por
malas conductas en las canchas. ¡Y se aplican! En la Argentina, existe la ley
23.184, más conocida como la ley De la Rúa, que regula la violencia en los
espectáculos deportivos.
4. En Brasil se creó en Río de Janeiro el batallón de
policía militar especializado en fútbol, que trabaja en el Maracaná. En San
Pablo existe el segundo batallón especializado en prácticas deportivas.
Igualmente, hay policías de civil que trabajan sólo en el fútbol. "Lo
ideal sería una policía especializada nacional. Vamos en ese camino", dijo
Castilho. En la Argentina es una promesa incumplida.
5. Hace poco, en una controvertida decisión, se absolvió a
Rafael Di Zeo y otros 15 barras de Boca por un juicio por una pelea con hinchas
de Chacarita en 2003. "No se concibe el tiempo que demoró el proceso. Yo
no puedo decir que hubo irregularidades en el fallo. Pero sí estoy seguro de
que había elementos probatorios suficientes como para dar un veredicto
distinto", dijo el ex juez Mariano Bergés, conocedor de la causa por
haberla iniciado. En Brasil se aceleraron los tiempos judiciales con la
creación del Juzgado del Torcedor, en 2010. Se instala en las canchas los días
de partidos, y los hinchas tienen su primer juicio abreviado en una hora.
6. En Brasil existe la figura de responsabilidad dirigencial
a quienes ayuden o promuevan a las torcidas. En la Argentina, está penado por
la citada ley De la Rúa, pero no se aplica. Sancionada en 1985 y reformada el
23 de marzo de 1993, en su artículo 5 expresa: "Será reprimido con prisión
de uno a seis años el que instigare, promoviere o facilitare de cualquier modo,
la formación de grupos destinados a cometer delitos". Esto encaja con la
enorme mayoría de la dirigencia de los clubes que, cuanto menos, entregan
entradas a los barras. Y con tantos políticos
que los contratan para sus actos.
Hoy el fútbol llega de nuevo a la Casa Rosada. Habrá
anuncios para iniciar un nuevo camino. El modelo por seguir es claro: el Estado
como eje. Y los políticos como solución y no parte del problema.
Fuente Cancha Llena
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